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Análisis y Prevención en Criminología Económica

Visto el sistema regulatorio estricto en cuanto a la tenencia de capital y participación accionaria en las instituciones del sistema financiero, se llegan a utilizar entramados de personas jurídicas como holding en espirales verticales, que hacen engorroso o difícil de identificar quienes realmente son los dueños o el beneficiario final de esas instituciones financieras y empresas. Los órganos contralores y supervisores del Estado en su acción de prevenir la legitimación de capitales, blanqueamiento o lavado de activos, exigen a sus sujetos obligados la implementación de un documento denominado: certificación de origen de los fondos. Aquí la cuestión: ¿el órgano supervisor y contralor del Estado puede confiar solamente en esa certificación de orígenes de los fondos?. La respuesta es NO.

La Certificación de Origen de los Fondos en la Prevención de Legitimación de Capitales

 

De acuerdo al marco regulatorio de cada país, las instituciones del sistema financiero pueden formar parte de un conglomerado de sociedades mercantiles con el mismo capital social accionario, es decir los accionistas de una institución bancaria pueden a su vez ser accionistas de una empresa aseguradora sin que haya restricciones legales al respecto.

Es muy común en países con economías y mercados liberales ver éste tipo de prácticas, sin embargo, en Venezuela donde existen altos controles regulatorios vemos que esto no es posible basado en la premisa de protección o tutela del débil jurídico: los ahorristas, los asegurados, los clientes en general.

Estas premisas legales van dirigidas a prevenir estafas o fraudes que puedan suscitarse en perjuicio de los tutelados.

Algunas personas siendo accionistas de instituciones financieras, tienen así mismo sociedades mercantiles con una razón social distinta,que muy frecuentemente son empresas fachadas.

Se observa, sin embargo, como algunas personas siendo accionistas de instituciones financieras, tienen así mismo sociedades mercantiles con una razón social distinta, tales como manufactura, inmobiliarias o prestadoras de otros servicios profesionales que muy frecuentemente son empresas fachadas que sirven para hacer transacciones económicas  especulativas, fraudulentas y hasta ilícitas.

Un ejemplo de estas operaciones ilícitas es la creación de empresas ajenas al sistema financiero para comprar inmuebles y luego efectuar operaciones de permuta o de compra venta en complicidad con las instituciones financieras, reflejando una ganancia ficticia por la supuesta venta del activo entre la empresa fachada y la institución financiero.

Visto el sistema regulatorio estricto en cuanto a la tenencia de capital y participación accionara en las instituciones del sistema financiero, se llegan a utilizar entramados de personas jurídicas como holding en espirales verticales, que hacen engorroso o difícil de identificar quiénes realmente son los dueños o el beneficiario final (personas naturales) de esas instituciones financieras y empresas con las que hacen negocios.

Los órganos contralores y supervisores del Estado exigen certificación de origen de los fondos.

Por otra parte, los órganos contralores y supervisores del Estado en su acción de prevenir la legitimación de capitales, blanqueamiento o lavado de activos, exigen a sus sujetos obligados la implementación de un documento denominado: certificación de origen de los fondos.

La certificación de origen de los fondos tiene el objetivo de obtener una seguridad relativa y razonable sobre la legalidad de la naturaleza del dinero y de las transacciones económicas que efectúan los actores empresariales en el sistema financiero y con las Instituciones que la conforman.

Si embargo, ¿hasta qué punto es de utilidad práctica la certificación de origen de los fondos en la efectiva prevención del delito de legitimación de capitales?

Esta certificación de origen de los fondos es una declaración de “buena fe”, donde una persona testifica ante un órgano del Estado (Notaría) que el dinero obtenido para un objetivo en específico es producto de actividades económicas lícitas, por lo que en teoría el origen y fin deberían ser lícitos.

Ésta certificación se utiliza para varios propósitos, entre los cuales está la compra – venta de bienes muebles e inmuebles. Igualmente es aplicable para la constitución de empresas y su eventual aumento de capital social, principalmente cuando estos aportes provengan de fondos líquidos o dinero en efectivo.

certificación de origen de los fondos

Esto viene exigido por los órganos del Estado que controlan y supervisan a los sujetos obligados del sistema financiero a través de diversas resoluciones y decretos. Aquí la cuestión: ¿el órgano supervisor y contralor del Estado puede confiar solamente en esa certificación de orígenes de los fondos?

Cada órgano contralor del Estado que supervisa los sujetos obligados del sistema financiero, cuenta con una oficina o dirección de prevención de legitimación de capitales, la cual establece los parámetros a seguir para mantener sano el circuito financiero ante capitales que puedan provenir de actividades ilícitas tales como: blanqueo de capitales, fraudes, estafas, narcotráfico, secuestros, terrorismo, entre otras.

Estas oficinas de prevención de legitimación de capitales establecen supuestos de hecho en sus normativas y resoluciones para identificar actividades sospechosas que puedan comprometer la legitimidad de la transacción de la empresa con terceros, así como los requisitos formales mínimos que deben poseer y mantener las empresas reguladas para operar bajo un perfil de legalidad y transparencia.

Cabe preguntarse, ¿es útil y/o eficaz para los órganos de control y supervisión del Estado exigirles a los sujetos obligados la mencionada certificación de origen de los fondos como instrumento para la prevención de legitimación de capitales, cuando la constitución de empresas o los aumentos de capital social se hacen con fondos líquidos o dinero en efectivo? La respuesta es NO.

La certificación de origen de los fondos es meramente un acto formal de declaración de “buena fe”

Una declaración escrita testificando que los fondos obtenidos fueron producto de una actividad lícita no previene la legitimación de capitales en cuanto a la constitución de empresas o aumentos de capital social ya que las Notarías desconocen de donde provino ese dinero y su legalidad.

Es inútil confiar en ese instrumento para la prevención de la legitimación de capitales o blanqueamiento de activos

 La certificación de origen de los fondos es meramente un acto formal de declarar de “buena fe” que el dinero obtenido es de naturaleza lícita pero se desconoce el origen real como tal, por lo que es inútil confiar en ese instrumento para la prevención de la legitimación de capitales o blanqueamiento de activos.

La certificación de origen de los fondos eventualmente serviría para comprometer legalmente a la persona natural ante la justicia si se llegase a comprobar el origen ilícito de los fondos obtenidos para la constitución de la empresa o la solicitud de aumentos de capital social, pero esto es posterior y no sirve en la etapa de prevención.

Ni siquiera los comprobantes de depósitos o de transferencias bancarias sirven para prevenir la legitimación de capitales ya que los Bancos no certifican ni avalan que ese dinero provenga de actividades lícitas.

Es inoficioso solicitar la mencionada certificación ya que no demuestra el historial, naturaleza y origen real de donde provino el dinero.

Esto no exime al Oficial de Cumplimiento de reportar la operación como sospechosa ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

Cabe destacar que este documento de certificación de origen de los fondos también sirve para desplazar la responsabilidad hacia el cliente bajo el principio de “buena fe y transparencia”, pero esto no exime al Oficial de Cumplimiento de reportar la operación como sospechosa ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), si la información declarada es inconsistente, incompleta, dudosa o falsa.

Igualmente para la UNIF no es de utilidad práctica y pericial al momento de establecer la legalidad o no del origen de ese dinero.

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)

Lo más recomendable, previo a que el órgano contralor apruebe ambas solicitudes; constitución de empresas o solicitud de aumentos de capital social con fondos en efectivo, es adoptar las siguientes medidas de prevención:

  1. Conocer el entorno o ambiente económico del sujeto obligado.
  2. Conocer y analizar la composición accionaria hasta llegar a las personas naturales o beneficiarios reales que conforman el sujeto obligado.
  3. Establecer y analizar los cruces de transacciones financieras efectuadas entre bancos tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales que forman parte de la composición accionaria.
  4. Solicitar los estados financieros auditados y certificados por un contador público colegiado e independiente a todas las personas jurídicas y naturales que conforman la composición accionaria y establecer vínculos o relaciones económicas entre estos.
  5. Revisar si las personas naturales que son accionistas poseen antecedentes penales solicitándoles la carta o certificación de antecedentes penales a cada uno de estos, emanado del órgano de Justicia.
  6. Solicitar y revisar las tres últimas declaraciones de impuestos sobre la renta o el balance que indique ganancias o dividendos, tanto de las personas naturales como de las jurídicas.
  7. Controlar las actas de asambleas de accionistas del sujeto obligado y hacer cruces con las demás actas o estatutos sociales de otras personas jurídicas que puedan formar parte del entramado empresarial.

Estas son algunas recomendaciones a seguir para prevenir la legitimación de capitales en cuanto a constitución de empresas o la solicitud de aumentos de capital social principalmente con fondos líquidos o dineros en efectivo, para no confiar en la utilidad de una certificación de origen de los fondos, ya que esa no una herramienta de prevención, sino de incidencia legal en la cual se compromete al solicitante.

 

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