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Análisis y Prevención en Criminología Económica

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso en condiciones normales, se estima que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en atención médica se pierde debido a la corrupción. Los tres casos reportados por fuentes periodísticas durante la pandemia Covid-19 que a nuestro criterio, pueden ser considerados emblemáticos de corrupción son hechos sucedidos en Ecuador, Bolivia y Panamá. En conclusión, prevenir, controlar y fiscalizar la corrupción no solo permite disminuir el gasto público, ahorrar costos, gestionar adecuadamente los recursos y disminuir las prácticas indebidas; también ayuda a lograr diversos objetivos de desarrollo, acceso a las oportunidades y avances para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La pandemia del Covid ha demostrado una vez más, como las crisis son utilizadas para llevar a cabo los más escandalosos actos de corrupción. La falta de vigilancia, la omisión de los concursos o licitaciones públicas invocando el estado de emergencia, la falta de reglas claras sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones, el abuso en la ejecución de grandes compras centralizadas y la omisión de los principios de transparencia y rendición de cuentas; son solo algunas de las brechas que han expuesto a los países a una mayor proliferación de la corrupción con el Covid-19.

Se estima que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en atención médica se pierde debido a la corrupción

El gasto médico que se pierde en corrupción en el mundo es impresionante. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso en condiciones normales, se estima que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en atención médica se pierde debido a la corrupción, lo que significa cientos de miles de millones de dólares cada año.[1]
A continuación presentaremos los tres casos reportados por fuentes periodísticas durante la pandemia Covid-19 que a nuestro criterio, pueden ser considerados emblemáticos por sus características, ya que representan situaciones y esquemas de corrupción que se han repetido en mayor o menor escala, en distintos países.

ECUADOR

 ¿Dónde y Cuándo?

 Quito y Guayaquil, Ecuador, Marzo – Junio 2020

¿Quiénes?

Ángel Loja Llanos, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS; Luis Jairala Zunino, Director del Hospital Teodoro Maldonado; Carlos Luis Morales Benítez, Prefecto de la Provincia del Guayas; Jimmy Jairala, primo del Ex prefecto del Guayas; Abdalá Bucaram Ortiz, ex presidente de la República de Ecuador; Otras personas de los medios de comunicación y la farándula resultaron indagados como colaboradores y cómplices de las operaciones de Bucaram; María Paula Romo, Ministra de Gobierno, Fausto Holguín, Viceministro de Gobernanza; Andrés Alarcón, Ex asesor del Ministerio de Salud; Alexandra Ocles, Asambleísta; Otra personas señaladas en la investigación entre ellos 19 asambleístas del partido Alianza País;  Jorge Yunda, Alcalde de Quito; entre otros.

¿Qué y Cómo sucedió?

 El entramado de corrupción develado en estos meses es complejo e involucra distintos actores en todas las escalas del gobierno, el sector privado, el espectáculo y el fútbol. Son diversas las causas penales en curso; por lo tanto, esta reseña sintetiza en líneas generales lo ocurrido.

En Guayaquil se compraron productos con sobreprecio para distintos hospitales y servicios asistenciales de salud. Destaca por ejemplo, la compra de 4000 bolsas plásticas para los cadáveres de las víctimas de Covid-19 adquiridas en 144 dólares la unidad cuando su precio ronda los 12 dólares.[2]
El contrato para el suministro de este y otros insumos fue de 10 millones de dólares e incluía la compra de mascarillas y otros insumos médicos con sobreprecio, firmado por Ángel Loja Llanos, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). [3]
Durante la investigación en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, surgieron indicios que llevaron al allanamiento de la casa del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz. Se encontraron más 5000 pruebas rápidas Covid-19, más de 2000 mascarillas y una serie de otros insumos médicos que según la fiscalía, coincidían con los productos adquiridos con irregularidades por el hospital. Todo esto llevó a una orden de arresto de Bucaram Ortiz.
Contemporáneamente fueron detenidas dos personas de ciudadanía Israelí, quienes se hacía pasar por agentes de la DEA y tenían más de 300 mil dólares en efectivo que fueron relacionados a la venta fraudulenta de insumos médicos. Uno de ellos era buscado por la INTERPOL debido a antecedentes penales en Panamá.[4]
En mayo, una investigación de la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano reveló que en un proceso de compra de más de 1 millón de dólares, para la adquisición de 7 mil kits (o cajas) de alimentos con el fin ser repartidos en la población más vulnerable durante la paralización económica del Covid-19, la cantidad de cada kit fue pagado a un valor de 150,82 dólares, que según la Contraloría General del Estado, representa un sobreprecio del 40,2%. Esta operación de compra fue liderada por la asambleísta Alexandra Ocles quien tiene una prohibición de salida del país y ha sido llamada a declarar por la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Los 3 casos emblemáticos de corrupción con el Covid-19

Alexandra Ocles

La noche del martes 2 de junio, el alcalde de Quito Jorge Yunda denunció a través de sus redes sociales que se habían vulnerado las seguridades de la cuenta bancaria de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS, en el Banco Central del Ecuador y se sustrajeron indebidamente cerca de 1.3 millones de dólares de dicha cuenta. Posteriormente, en un comunicado el Banco Central desmintió a Yunda asegurando que jamás hubo un hackeo, y se reveló que estas operaciones fueron realizadas por funcionarios autorizados al manejo de los fondos que desviaron los recursos, a través de una serie de transferencias a varias cuentas en el extranjero, principalmente a cuentas en Estados Unidos y Hong Kong.

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Actualmente, la Fiscalía Ecuatoriana investiga 63 casos de corrupción relacionados al Covid-19 y ha llevado a cabo allanamientos en 27 ciudades. Por otra parte, Shy Dahan, uno de los ciudadanos israelíes detenidos, fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, mientras que Oren Sheinman, el otro extranjero involucrado, resultó herido de gravedad. En relación a esto se filtraron una serie de audios en los cuales, el ex presidente Abdalá Bucaram le aseguraba al israelí pagarle su defensa, sin costo alguno. Esto llevó a una nueva investigación sobre la posible implicación de Bucarán en el homicidio del Israelí y otros delitos de delincuencia organizada.

Algunas personas del circulo de confianza del ex presidente Abdalá Bucaram, entre ellos su hijo Jacobo Bucaram Pulley intentó escapar del país pero fue detenido en Colombia y extraditado a Quito donde se le juzga por asociación a delincuencia organizada, homicidio y otros delitos.

BOLIVIA

¿Dónde y Cuándo?

La Paz, Bolivia y Barcelona, España. Mayo 2020.

 ¿Quiénes?

 Marcelo Navajas, Ministro de Salud para la Transición; Alberto Pareja, Cónsul de Bolivia en Barcelona, España; Empresa privada GPA INNOVA, domiciliada en Barcelona, España.

 ¿Qué y Cómo sucedió?

 El Ministerio de Salud boliviano realizó una a compra de respiradores para atender a los pacientes en terapia intensiva por Covid-19, por un monto alrededor de 2 millones de dólares. Una asociación de médicos bolivianos especializados en terapia intensiva, advirtió de que esos ventiladores no servían para pacientes en estado crítico. Más adelante se reveló un supuesto sobreprecio de la primera partida de adquisición, compuesta por 170 Para un total de 600 equipos que debían llegar al país.

La empresa que habría participado en esta venta es GPA INNOVA, domiciliada en Barcelona, España. El gobierno transitorio de Bolivia, justificó la compra asegurando que los dispositivos médicos se compraron con fondos provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID al Estado Boliviano.
Varios medios de comunicación revelaron que el valor de referencia en el mercado de cada respirador básico (similar a los comprados), fue de unos diez mil dólares y que con algunos complementos a estos equipos aumentaban su costo unos mil dólares adicionales;[5] mientras que el precio de venta se ubicaría en 27.683 dólares cada respirador,[6] casi 3 veces su valor real.

La empresa española GPA INNOVA negó su participación en algún presunto esquema de corrupción o cohecho extranjero, con las ventas en sobre precio

En un medio de comunicación, la empresa española GPA INNOVA negó su participación en algún presunto esquema de corrupción o cohecho extranjero, con las ventas en sobre precio y así mismo, explicó que los equipos vendidos al Ministerio de Salud de Bolivia se caracterizan por ser  “un respirador que sirve para el 90% de los casos con coronavirus», pues hay un 10% que, quizás, necesite un respirador más sofisticado.[7]

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Los 3 casos emblemáticos de corrupción con el Covid-19

Jeanine Añez

El supuesto sobreprecio de estos equipos es uno de los casos de presuntas irregularidades en la gestión transitoria del gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia, que más eco está teniendo en ese país y que posiblemente forma parte (entre otras irregularidades en la gestión de gobierno), de los problemas estructurales que mantienen al país en la incertidumbre, violencia y conflictividad política, con un alto nivel de ingobernabilidad.
La gestión de la pandemia del Covid-19 en Bolivia, fue muy criticada por los ciudadanos pues las imágenes de centenares de cadáveres en La Paz y Santa Cruz, mostraban que la corrupción estaba llevando a esa nación a convertirse en el tercer país con más muertes por coronavirus por millón de habitantes del mundo, detrás de Perú y Bélgica.[8]
Todos estos problemas ejercieron peso en la decisión electoral como factura política de los bolivianos, cuando en las recientes votaciones presidenciales de Octubre 2020, dieron el triunfo a Luis Arce Catacora, del partido MAS con más de un 60% de los votos,[9] quien fue Ministro de Economía y Finanzas durante casi todo el mandado de Evo Morales, lo que representa el retorno de la izquierda política en ese país.
El Ministerio Público señaló que cuatro funcionarios del Ministerio de Salud habían sido detenidos por los hechos relacionados a los respiradores con sobreprecio, entre ellos el Ministro de Salud quien fue destituido del cargo y permanece en prisión preventiva así como algunos funcionarios en el extranjero e intermediarios en el acuerdo de compra y venta que también son investigados.

PANAMÁ

Los 3 casos emblemáticos de corrupción con el Covid-19

HOSPITAL MODULAR DE PANAMÁ

¿Dónde y Cuándo?

 Panamá

 ¿Quiénes?

 Javier Carrizo, Ministro de la Presidencia, Rafael Sabonge, Ministro de Obras Públicas,  La empresa Smartbrix, domiciliada en Panamá

 ¿Qué y Cómo sucedió?

El Ministerio Público inició las investigaciones de algunos altos funcionarios gubernamentales por presuntas irregularidades administrativas, en la construcción de un hospital modular para atender enfermos de Covid-19, obra adjudicada en un contrato que involucra  6.9 millones de dólares de fondos públicos.

Algunos medios panameños señalaron que la empresa Smartbrix, a quien fue adjudicado la obra de levantar el hospital modular con unas 160 estructuras de ensamblaje y habilitar así 100 camas para pacientes críticos de COVID-19; adquirió en Costa Rica estructuras modulares usadas que estuvieron calificadas como material de descarte[10] y habrían costado sustancialmente menos dejando márgenes de ganancia exagerados, fraudulentos y especulativos.
Los 160 módulos eran parte de un campamento, utilizados como dormitorios, comedor, oficinas y depósitos de equipos por el consorcio holandés APM Terminals –compuesto por Van Oord y BAM International– cuando construía la terminal de contenedores de Moín, en la provincia de Limón, Costa Rica, entre 2015 y 2019, luego los modulos fueron desincorporados y vendidos al extranjero.
La empresa SmartBrix habría vendido al Estado panameño cada contenedor para el hospital a un precio de 7 mil dólares. En cambio, el costo de los modulares de descarte sería mucho menor.
Según datos aduanales revelados por fuentes periodísticas fueron traídos por tierra desde Costa Rica en el año 2019 y SmartBrix había comprado cada modular a 395 dólares. Promediando los valores declarados a Aduanas, tras pagar todos los rubros de la importación, transporte, impuestos y otros costos operativos, el costo promedio por unidad estaría en torno a 954 dólares.[11] Adicionalmente, la empresa SmartBrix importó desde china otras estructuras 69 modulares nuevas por las que pagó entre 1,960 dólar a 28.50 dólar por pieza, consistentemente menos que los módulos usados de Costa Rica.
La empresa SmartBrix habría hecho un aumento de precio del 630% por estructuras usadas y en condiciones de ser consideradas material de descarte debido principalmente al óxido visible en los módulos.

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El Fiscal General de Panamá, Eduardo Ulloa, indicó en relación al hospital modular que «no hay persona que individualmente sea objeto de investigación, se está determinando si el acto en sí, es delito. En ese proceso veremos las personas que pueden estar o no involucradas. La Procuraduría investiga por su parte, por qué el Gobierno de Panamá no aceptó una donación china, para convertir un centro de convenciones capitalino en un hospital de 1.500 camas para pacientes leves y en su lugar, decidió levantar el hospital modular de 100 camas para enfermos graves”.[12]

En conclusión, prevenir, controlar y fiscalizar la corrupción, no solo permite disminuir el gasto público, ahorrar costos, gestionar adecuadamente los recursos y disminuir las prácticas indebidas; también, ayuda a lograr diversos objetivos de desarrollo, acceso a las oportunidades y avances para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Se reflexiona sobre la definición habitual de la corrupción como “el abuso de los cargos públicos en beneficio privado”, lo cual proyecta la imagen de una persona en solitario, actuando incorrectamente.

En las iniciativas contra la corrupción del Banco Mundial, se reflexiona sobre la definición habitual de la corrupción como “el abuso de los cargos públicos en beneficio privado”, lo cual proyecta la imagen de una persona en solitario, actuando incorrectamente. Sin embargo, en muchos casos, esas personas cuentan con la ayuda de banqueros, abogados y contadores, a veces en jurisdicciones extraterritoriales y centros financieros de economías avanzadas. ¿Y qué decir de la conducta de las empresas y los individuos? La iniciativa sobre hacer frente a los facilitadores de la corrupción destaca las medidas que se pueden tomar en las profesiones y en los lugares en los que se permite la corrupción y en los que se aceptan normas sociales arraigadas que rodean tanto a los que pagan sobornos como a quienes los reciben.[13]

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