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Análisis y Prevención en Criminología Económica

En la dogmática jurídica cuando la concepción del Nomen Iuris del delito o falta, en el Título y Capítulo de la Ley, por técnica legislativa, el bien jurídico tutelado, termina siendo ignorado. El Nomen Iuris riguroso, es justo y necesario como síntesis para preservar la integridad ante la comunidad científica y de la Ley, además de la coherencia y calidad que comparte una total y común hermenéutica, que fije el verdadero sentido como significaciones lógicas. La tipificación equivocada no distingue entre legalidad y legitimidad en lo conceptual, con respecto a la intencionalidad del autor que no puede legalizar lo ilegal, pues está fuera del alcance, gobernabilidad.

El “Nomen Iuris” del delito grave de “Legitimación de Capitales” dentro del Paradigma Emergente de la Complejidad y Teoría del Juego Social.

Para explicar por qué escogí el Nomen Iuris / nombre jurídico de “Legitimación de Capitales” (LC) para el nuevo delito grave, impropiamente denominado  “Lavado de Dinero” (SIC) en Estados Unidos y “Blanqueo de dinero” (SIC) en la Unión Europea con un lenguaje corriente defectuoso; Es necesaria una explicación exhaustiva que facilite su aceptación en el claustro jurídico.

La creación del Nomen Iuris, como constructo novedoso, inusual no debería dificultar que el nombre jurídico, riguroso, acorde a la disciplina del Derecho Penal y su Tipicidad- Beling del tipo legal penal o “Tatbestand”, se divulgue y sea aceptado en doctrina “pacíficamente” por catedráticos del Derecho en las universidades y academias.

El delito de Legitimación de Capitales garantiza la permanencia, solidez, eficacia, eficiencia, efectividad, y la calidad de supervivencia social y económica del aparato de poder.

Se parte de una toma de consciencia estratégica-situacional, donde si el delito de Asociación o Conspiración de la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) es lo que potencia el aparato de poder, el delito de Legitimación de Capitales, sirve como sistema aglutinador del cálculo interactivo, intercambiable y financiador, que garantiza su permanencia, solidez, eficacia, eficiencia, efectividad, y la calidad de supervivencia social y económica de ese aparato de poder.

Esta situación ocasiona la falacia de confusión metodológica, de falso cientifismo, con falta de estabilidad y solidez que deriva en la inconsistencia de la naturaleza jurídica del Principio de Irrelevancia en Derecho, con referencia al Nomen Iuris como “nombre legal y legítimo” dentro del cuerpo integral de la Ley en contraste con la calificación de contratos en el derecho contractual civil, administrativo, tributario, laboral, mercantil, etc., y las 

“Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son.”

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obligaciones y derechos de fiel cumplimiento contractual, Iuris et de Iure, presunción absoluta de hecho y de derecho, del Derecho de Obligaciones. “Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son.

Además de las implicaciones procesales, donde prima la verdad de los hechos, por sobre la apariencia de los acuerdos; donde valen las circunstancias y la común intención de las partes. Si los hechos entran en contradicción con el “nombre jurídico” utilizado con mala fe, que providencia la interpretación finalista o funcional, económica, antes que la función simplemente gramatical o literal sin la diligencia debida de su redacción, podría determinar definitivamente la falsa autonomía de las partes y su intencionalidad.

Por otra parte, es irrelevante en sí mismo el Nomen Iuris, porque el nombre jurídico no es parte de la estructura de la tipificación del delito, no acarrea ausencia de tipo creada por Ernest Beling, como “descripción legal” prevista de carácter valorativo donde el tipo legal como abstracción concreta, trazada por el legislador, descarta los detalles innecesarios para la definición del hecho como conducta del hombre,  subsumida en la Ley, en base del Principio de Legalidad:  “Nullum crimen, nulla poena sine praevia legis”, “no hay crimen ni pena sin ley previa,” que constituye garantía individual de derechos civiles, en cuya virtud  precede al hecho.

El delito como: “acto típicamente antijurídico, culpable, sometido circunstancias de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.”  Y donde  “Todo lo que no ésta prohibido está permitido.”

En la dogmática jurídica cuando la concepción del Nomen Iuris del delito o falta, en el Título y Capítulo de la Ley, por técnica legislativa, es errado o incongruente, con el contenido del tipo, y así el bien jurídico tutelado, termina siendo ignorado.

Estos aspectos, corresponden a la competencia legal y legítima del actor legislador. La mens legislatoris: el pueblo en ejercicio de su soberanía o a través de sus representes elegidos para legislar y regular el devenir social.

Así partes, texto y contexto son distintos, sobre la propiedad jurídica,  representado por el Nomen Iuris; con referencia a la incolumidad de la tipicidad, que no afecta el contenido de la descripción del delito, pero si afecta el rigor de la comunidad científica, las hipótesis y conceptos del sistema jurídico, en lo relativo al esquema

La incolumidad de la tipicidad, que no afecta el contenido de la descripción del delito, pero si afecta el rigor de la comunidad científica, las hipótesis y conceptos del sistema jurídico.

conceptual especifico y el marco teórico expresado, que por la  integridad de la Ley, debe utilizar un lenguaje científico-jurídico especializado, univoco, monosémico, claro, exacto, preciso, del modo propio de su ciencia o disciplina y su sistema categorial clasificatorio, prescriptivo para preceptuar, ordenar, determinar un hecho como “delito” según tipificación

La tipificación es prescriptiva, porque regula la conducta humana, cuando causa perjuicio a otro, conforme a derecho, con fines específicos, rigurosos y sin ambigüedades entre concepto e imaginación. Acorde con la expresión expositiva y argumentativa en el lenguaje jurídico, sus preceptos y principios, con términos y vocablos jurídicos, para expresar la acción con verbos del acto jurídico y su función referencial o contenido que no debe desvalorizarse con un lenguaje pedestre.

Hermenéutica Jurídica

Hermenéutica Jurídica

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El Nomen Iuris riguroso, es justo y necesario como síntesis para preservar la integridad ante la comunidad científica y de la Ley, además de la coherencia y calidad que comparte una total y común hermenéutica, que fije el verdadero sentido como significaciones lógicas, con conceptos jurídicos universales, que permitan caracterizar y conferir una explicación jurídica específica, tanto de la conducta, como de las circunstancias históricas de los supuestos que la condicionan; manteniéndose fuera del uso vulgar, pedestre de nombres y vocablos impropios e inaceptables en la disciplina.

El Nomen Iuris adjudicado con “inelegancia Iuris,”  no define con verbos comunes la conducta que constituye en Justicia, el espíritu, razón y propósito de la Ley.

Lo que el Nomen Iuris persigue es clasificar la ubicación del delito dentro de su género o especies, según los caracteres comunes.

Vale decir: El Nomen Iuris adjudicado con “inelegancia Iuris,”  no define con verbos comunes la conducta que constituye en Justicia, el espíritu, razón y propósito de la Ley, ni la condición de punibilidad para una sanción jurídica.

Se han usado reductos ad absurdum, como norma primaria de una naturaleza  moral exógena a la disciplina del derecho. “Lavar” o “Limpiar químicamente/ Blanquear”, son verbos anodinos, insignificantes, ineficaces, insubstanciales de responsabilidad penal, en este  delito. Son incoherentes, irrelevantes para la compresión de la ratio essendi, de la mens legis, voluntad del legislador.

¿Y dónde está el “perjuicio” al Otro, que justifica el Bien Jurídico Tutelado que avala la existencia del Derecho Penal, su coerción y punibilidad?

¿Cómo puede extraerse el Bien Jurídico Tutelado, si se usan unos verbos del ámbito de la sanidad y urbanidad, con un juego metafórico relacionado con la Ética, en conversión alegórica de “sucio o negro” (¡dinero negro!) y sus sanciones morales-espirituales?

Es evidente la incongruencia y la contradicción con las exigencias de la disciplina del Derecho Penal.  Es la “piedra angular” que habéis despreciado.

 

¿Cómo viene denominado este delito en latinoamérica?

 

Los nombres apócrifos al delito utilizados en Latinoamérica son:

  • Lavado de activos (Colombia, Perú, Argentina, El Salvador),
  • Lavado de Bienes derechos y valores (Brasil),
  • Lavado de dinero (Chile, Cuba),
  • Lavado de dinero o activos (Honduras),
  • Blanqueo de Capitales (Panamá),
  • Lavado de dinero y activos de actividad ilícitas (Nicaragua),
  • Lavado de Dinero o Bienes (Paraguay),
  • Lavado de Activos (Perú),
  • Lavado de Bienes relacionados con el Tráfico de drogas y delitos conexos (República Dominicana).

Y los nombres jurídicos utilizados son:

 

  • Legitimación de Ganancias ilícitas (Bolivia).
  • Legitimación de Capitales (Costa Rica),
  • Conversión o Transformación de bienes (Ecuador),
  • Transacciones e inversiones Ilícitas (Guatemala),
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita (México),
  • Legitimación de Capitales (Venezuela)

La tipificación equivocada no distingue entre legalidad y legitimidad en lo conceptual, con respecto a la intencionalidad del autor.

La tipificación equivocada no distingue entre legalidad y legitimidad en lo conceptual, con respecto a la intencionalidad del autor. Ignora que el autor del delito dentro del sistema-situación asume la posición de: aliado, oponente, aliado-oponente o indiferente. Actúa como una “fenoestructura humana” que no puede legalizar lo ilegal, pues está fuera del alcance, gobernabilidad, vector de fuerza, vector de peso e influencia, no está en su control, ni en su libertad de acción.

¿Cúal es el centro de gravedad del delito?

 

El actor, al producir jugadas de viabilidad y aceptabilidad anti-ética, contra la viabilidad y aceptabilidad política-jurídica del Legislador, que si tiene facultades constitucionales; queda al margen de la legalidad pues no puede anular leyes, procesadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el delincuente puede perturbar y desviar la acción de la Ley penal, con la voluntad e intención precisa:

a) Motivo: valor, interés y razón de su acción dolosa;

b) Objetivo: propósito de ser inadvertido lo que es implica una violencia de segundo tipo;

c) Meta: precisión del objetivo, condiciones de realización y verificación del logro propuesto. Siendo esta una meta personal o en concertación con otros, según posea grados de libertad de acción de imponer voluntad, capacidad, fuerza y vector de peso. Se trata de producir jugada social, sin violencia de primer tipo, para legitimar la acción y crear ventaja.

La legitimidad, es un elemento integrante de las relaciones de poder, en el ámbito del poder del Estado y de la Ciudadanía.

La legitimación es una creencia y representación en la concreta situación, en el contexto de la  libertad de acción, como parte y derecho de los gobernados. La legitimidad posee un grado de consenso (obediencia o rechazo) al gobierno. La creencia es adhesión o firme asentimiento, de conformidad con una conducta. La legitimidad, es un elemento integrante de las relaciones de poder, en el ámbito del poder del Estado y de la Ciudadanía.

El delincuente, no ostenta el Justo Título u acto en virtud del cual una cosa entra legítimamente en el patrimonio de la persona y constituye causa de adquisición reconocida por Ley, Animus rem sibi habendi.  Aún así, busca introducir en el circuito económico o financiero su capital de procedencia ilegal, simular u ocultar su origen o procedencia, para usar el capital con valor de cambio socio-económico, aparentando legitimidad, de Justo Título.

Animus rem sibi habendi

                                                                                                                                                                                     Animus rem sibi habendi

Este busca construir una estrategia de “aproximación indirecta” (Lidell Hart) por Consensus Gentium, al introducirse en el circuito económico lícito y legítimo, creando sentimientos de identificación por propia convicción de su comunidad  inmediata.

La legalidad es un atributo del Poder Público y será legal, si actúa, de acuerdo con las leyes del Estado constitucional bajo el principio de legalidad.

El actor busca ser digno de “Buena Fe” con Animus ad Crumenam.

Dedica tiempo y esfuerzo a su estrategia y estratagemas activas de engaño, para el uso seguro de las ganancias obtenidas del delito, en el circuito económico, sin levantar sospechas, al buscar la cartera eficiente (Walther Ingo) como núcleo esencial de las operaciones:

Legitimar Capitales, maximizando sus ganancias como inversionista, sujeto a una restricción de riesgos, o minimizando sus perdidas sobre la base de una meta fija de ganancia en particular. 

El Bien Jurídico Tutelado, situación o relaciones protegidas por el Derecho Penal, en este sistema-situación, contra quienes delinquen; en la Legitimación de Capitales es atentar contra el orden socio-económico legal, de compromiso, transparencia y buena fe.

El legislador busca impedir que sea utilizado un capital con fondo previo de delitos, en la dinámica de la económica legal y legítima.

El legislador busca impedir que sea utilizado un capital con fondo previo de delitos, ocultando activamente su origen, sin justo título, en la dinámica de la económica legal y legítima. Por ello crea EEUU la doctrina del fruto del árbol envenenado (“Fruit of de posioned tree doctrine,” 1920), por la que el capital lícito, al mezclarse con el delictivo contamina su legalidad y es decomisado e incautado totalmente.                   

Doctrina del árbol envenenado

                                                                                                                              Doctrina del árbol envenenado

Existe el riesgo que la incomprensión de la complejidad creciente de la Legitimación de Capitales y de su naturaleza, pueda empeñar al jurista en calificarlo como sinónimo de delitos preestablecidos, por ejemplo el enriquecimiento ilícito contra el patrimonio público, la receptación como aprovechamiento de cosas proveniente de delitos entre otros. Esto violaría el principio de no admitir ni la Analogía, ni la Paridad, en el Derecho Penal.

La intención de enriquecerse ilícitamente, es anterior al uso del capital en la economía lícita-legal, por sí o interpósita persona. En la Legitimación de Capitales no se traslada la propiedad del capital como en la receptación.

Se comprende entonces que para lograr la Legitimación de Capitales el delincuente usa la economía y el sistema financiero principal. Busca invertir, con capitales “ostensiblemente legítimos” “into ostensibity legitimate“, (Cristina Duhaime, EEUU). Esto significa que acude a acciones que vienen representadas en los verbos rectores del delito establecidos en la Convención de Palermo (2000), Artículo 6, como son: ocultar, simular, encubrir, legitimar.

Estos verbos rectores revisados, actualizados y ampliados en la nota interpretativa de la Recomendación número 3 del GAFI/FATF, se incluyen, o deben ser incluidos por los países; en la tipificación del delito como un posible rango de acción del actor, que debe incluir al menos los nueve verbos rectores principales, considerados el estándar mínimo de calidad en la tipificación, a decir: adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, custodiar, administrar, ocultar y/o encubrir.

Definimos como núcleo referente de la Legitimación de Capitales: “La conversión o transferencia de capitales por sí o por interpósita persona, para la ocultación activa, simulación o encubrimiento de capitales, para invertirlos en el circuito económico financiero legal y legítimo dándole apariencia de legítimo.”

Si no comprendemos la intención y el proceso de esta conducta, por cálculo paramétrico, para reproducir el pasado; no se aceptará la innovación disruptiva como nuevo delito, quedando fuera de contexto situacional y del tiempo.

El espíritu, propósito o razón del legislador es: Impedir el uso de las ganancias del delito en el intercambio económico para no contaminar la economía globalizada, de libre mercado de la sociedad abierta.

 

“El mundo del hombre es del tamaño de los conceptos que conoce”

Carlos Matus, Adiós Señor Presidente. Pomaire/ensayos, 1987

“Ignoti nulla cupido”

Ovidio, El Arte de Amar 3, 39.

Nota del Editor:

Este artículo forma parte un documento más amplio, disponible a través de Ethicalentis. El Dr. Bayardo Ramírez Monagas es un destacado jurista venezolano, Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1962, proyectista de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOSEP) y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LOCDO). Primer Presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), Ex Asesor del Parlamento Andino y Latinoaméricano. Creador del Nomen Juris “Legitimación de Capitales” en la tipificación jurídica de la conducta representada bajo los conceptos del vulgo “Lavado de dinero (sic)” o “Blanqueo de Capitales (sic)”; Autor de numerosos libros entre los que destacan “El Estado Paralelo: Solo Negocios” y “Corrupcion y Guerras de Cuarta Generacion”, entre tantos otros.