editorial@ethicalenthis.com

Análisis y Prevención en Criminología Económica

La democracia como sistema político está en franco deterioro. La corrupción como acto ilícito es perversa, porque niega y daña la representación política de la sociedad por parte de los funcionarios y empleados públicos. Hay una creciente preocupación por la reciente crisis política y la incertidumbre que atraviesa Perú y como esto afecta el sistema democrático. La consecuente concentración de poder entre el ejecutivo y el parlamento peruano amenazan las garantías de transparencia y rendición de cuentas como ha ya alertado Transparencia Internacional, y podrían incrementar las condiciones de impunidad que facilitan la corrupción a gran escala en el país. No es un caso aislado. En los últimos 30 años, Perú contabiliza 6 presidentes acusados de corrupción. La corrupción elimina la distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de Derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.

La crisis política relacionada a la corrupción sistémica no solo amenaza la gobernabilidad y las características fundamentales del poder político, va mermando la capacidad social de gestionar un gobierno democrático al punto que hoy, en la mayor parte de los países latinoamericanos hay un peligro de extinción de la democracia.

La democracia como sistema político está en franco deterioro. La ciudadanía está perdiendo la soberanía, no goza de la titularidad del poder y ve coartados sus derechos de elegir y controlar a sus gobernantes. La corrupción es causa y efecto como circulo vicioso en el proceso de extinción de la democracia.

La corrupción no se limita a un factor de riesgo antidemocrático, es un problema complejo que incluye múltiples variables y múltiples consecuencias. Es un delito pluriofensivo.

La crisis política relacionada a la corrupción sistémica no solo amenaza la gobernabilidad y las características fundamentales del poder político, va mermando la capacidad social de gestionar un gobierno democrático al punto que hoy, en la mayor parte de los países latinoamericanos hay un peligro de extinción de la democracia.

La democracia como sistema político está en franco deterioro. La ciudadanía está perdiendo la soberanía, no goza de la titularidad del poder y ve coartados sus derechos de elegir y controlar a sus gobernantes. La corrupción es causa y efecto como circulo vicioso en el proceso de extinción de la democracia.

La corrupción no se limita a un factor de riesgo antidemocrático, es un problema complejo que incluye múltiples variables y múltiples consecuencias. Es un delito pluriofensivo.

La corrupción como acto ilícito es perversa, porque niega y daña la representación política de la sociedad por parte de los funcionarios y empleados públicos.

Decir que la pérdida de la democracia es un crimen, no es una afirmación puramente metafórica. Los hechos muestran que este crimen adviene con la corrupción. A decir del Magistrado Balcazar Zelada (Corte Suprema de Justicia del Perú) «La corrupción como acto ilícito es perversa, porque niega y daña la representación política de la sociedad por parte de los funcionarios y empleados públicos. No es un signo positivo para el sistema democrático soportar una «contra-cultura corrupta», por más que se recurra para justificarla, a los viejos argumentos de que el Estado y la Ley son entelequias inaccesibles y ajenas al quehacer democrático.»[1]

Un documento titulado “Hay que proteger a la lucha contra la corrupción y los derechos de la ciudadanía en Perú”[2], publicado recientemente por Transparencia Internacional manifiesta una creciente preocupación por la reciente crisis política y la incertidumbre que atraviesa Perú y como esto afecta el sistema democrático, tras la destitución del presidente interno Martín Vizcarra y la renuncia forzada de Manuel Merino, el tercer presidente del Perú en los últimos 4 años.

Al respecto, Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia International afirma que «la ciudadanía tiene el derecho de expresarse legítimamente ante la salida del Presidente. Asimismo, la lucha contra la corrupción nunca debe estar supeditada a los intereses de los partidos políticos, ni mucho menos ser abusada para extender la impunidad de aquellos que se encuentran bajo sospecha de corrupción.»[3]

Podemos resumir la situación de Perú iniciado con Pedro Pablo Kuczynski, el último presidente electo en el 2016, destituido por implicaciones en actos de corrupción con el caso Odebrecht.

Al momento, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió el poder ejecutivo para ser destituido unos 20 meses después por el parlamento, a través de una moción de incapacidad o “vacancia moral”[4] presentada a causa de la supuesta contratación irregular del cantante Richard “Swing” Cisneros en el Ministerio de Cultura y por su presunta implicación en hechos de corrupción que envuelven a 31 empresas constructoras; caso que los medios de comunicación locales han denominado “El Club de la Construcción”[5] durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Martin Vizcarra

Martín Vizcarra

Le siguió Manuel Merino de Lama, quien para ese momento era presidente del parlamento peruano. Su mandado presidencial no superó una semana debido a las masivas protestas en su contra que lo llevaron a renunciar al encargo. Actualmente el poder ejecutivo del Perú está en manos del congresista Francisco Sagasti Hochhausler[6] designado por sucesión presidencial.

La consecuente concentración de poder entre el ejecutivo y el parlamento peruano amenazan las garantías de transparencia y rendición de cuentas como ha ya alertado Transparencia Internacional, y podrían incrementar las condiciones de impunidad que facilitan la corrupción a gran escala en el país.

Corrupción y la extinción de la democracia: Presidentes de Perú

Fuente: BBC Mundo

No es un caso aislado. En los últimos 30 años, Perú contabiliza 6 presidentes acusados de corrupción.[7] Comenzando por Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por varios delitos, además de corrupción, donde destaca el escándalo de los “vladivideos” una serie de grabaciones que estaban en posesión de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Fujimori y que daban constancia de una gran cantidad de sobornos que Montesinos pagaba para que diversos funcionarios del gobierno, la iglesia, los medios de comunicación, y las altas esferas del Perú, se pusieran a disposición suyo, con el consentimiento de Alberto Fujimori.

 

Alberto Fujimori

                                                                                                                                                Alberto Fujimori

Luego Alejandro Toledo, actualmente en los Estados Unidos, ha sido pedido en extradición por Perú, para afrontar dos procesos en los cuales se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica sur. La mayor suma de dinero para una sola persona, en los casos de corrupción presidencial del Perú. 

Más adelante, Alan García con acusaciones por corrupción en su gestión durante su segundo mandato presidencial, relacionadas a la construcción del Metro de Lima donde habría recibido millonarios sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, y que lo llevaron a suicidarse.

Posteriormente, Ollanta Humala y su esposa, acusados de haber recibido 3 millones de dólares para la financiación de su campaña política de parte de la empresa Odebrecht, así como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra a quienes mencionamos al inicio.

Ollanta Humala y su esposa fueron acusados de haber recibido 3 millones de dólares

                                                                                                                                                            Ollanta Humala

Una democracia en extinción desvía el normal y correcto ejercicio del poder político

Una democracia en extinción desvía el normal y correcto ejercicio del poder político desestabilizando la ya frágil estructura del sistema político institucional, capturando o secuestrando al Estado a la vez que incapacita el ejercicio del poder, caracterizado por la exclusividad, universalidad e inclusividad.

Repasemos estos conceptos, según Bobbio[8] comprendemos que:

  1. Exclusividad: se entiende la tendencia, que los detentadores del poder político manifiestan a no permitir en su ámbito de dominio la formación de grupos armados independientes y a subyugar y destruir aquellos en formación, además de tener bajo control la infiltración, la injerencia o las agresiones de grupos políticos externos. Este carácter distingue un grupo político organizado respecto a la societas de ladrones (el latrocinium del que hablaba San Agustín). Las intensas protestas sociales ante el legítimo reclamo contra la corrupción, pueden conducir a la estructuración de grupos armados internos que agudizan la inestabilidad.
  1. Universalidad: se entiende la capacidad que tienen los detentadores del poder político y solo ellos, de tomar decisiones legítimas y efectivamente operantes para toda la colectividad respecto de la distribución y del destino de los recursos, no solo económicos. A través de la corrupción, los intereses de grupos de presión económicos (loobbies), inhabilitan el concepto del interés general o interés público.

3. Inclusividad: se entiende la posibilidad de intervenir imperativamente en toda la esfera de posible actividad de los miembros del grupo dirigiéndoles hacia un fin deseado o distrayéndoles hacia un fin no deseado a través del instrumento del ordenamiento jurídico, es decir de un conjunto de normas primarias dirigidas a funcionarios especializados a intervenir en el caso de violación de las primeras. El poder político corrupto no goza de inclusividad, está supeditado al interés o beneficio particular de los grupos de presión.

La corrupción suele darse en las transacciones, pero también puede estar incorporada en las redes, inclinando las reglas del juego en beneficio de las élites políticas y las empresas con buenas conexiones.[9]

La degradación de todo esto conlleva al Estado Paralelo (Bayardo Ramírez), donde la delincuencia asume formas de poder omniíncluisivo, en el cual ninguna esfera de actividad humana es ajena, un Estado totalitario en su naturaleza, un caso límite donde la politización integral de las relaciones sociales se corrompe.

La corrupción es incompatible con la democracia. Esto debería preocupar muy seriamente a todos los demócratas. Este delito consolidado en una sociedad con tolerancia culpable, permisibilidad, consentimiento, aceptación social, justificación de los que la practican, justificación de la pérdida de valores, “incluida en el paisaje” (Bayardo Ramírez),[10] corroe silenciosamente los cimientos de la democracia. El daño se percibe tardíamente, cuando el escenario llega a la cumbre del caos.

[10]: El Homo Corruptus: Criminis repetundarum de lesa majestad. La Corrupción un Delito Invisible

La corrupción elimina la distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de Derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.[11]

Otros costos negativos de la corrupción para la sociedad según Cassinelli Capurro[12] son:

a) Costos de eficiencia, eficacia y efectividad, al desperdiciar recursos y distorsionar políticas;

b) Costos éticos al poner en tela de juicio el imperio de la Ley y la confianza y fe públicas;

c) Costos de seguridad, pues al percibir al Estado condicionado por la corrupción el ciudadano honesto se sentirá desprotegido, especialmente cuando este fenómeno afecta a los niveles judiciales y policiales;

d) Costos en la libertad y en la iniciativa privada, la que debe distraer tiempo y recursos -en un escenario de corrupción generalizada- en obtener prebendas y ofrecer sobornos, disminuyendo su propia moral como actor privado.

Prevenir y controlar la corrupción permite minimizar las prácticas indebidas, fortalecer la sociedad civil, la moral y la ética del individuo

Prevenir y controlar la corrupción no solo permite optimizar el gasto público y ahorrar dinero, permite minimizar las prácticas indebidas, fortalecer la sociedad civil, la moral y la ética del individuo, pues cuando se trata de dimensiones menores, la corrupción es aceptada como algo natural por ello se debe recurrir al rescate del sentido cívico.

Las practicas anticorrupción también ayudan a lograr diversos objetivos de desarrollo, como lo ha mencionado Jim Anderson del Banco Mundial, «Pensemos, por un momento, en las numerosas formas en que la corrupción puede socavar el desarrollo del capital humano. Los trabajadores fantasmas en el sistema educativo, las comisiones ilegales para obtener contratos de servicios de comidas escolares y los títulos académicos falsos, debilitan la eficacia del gasto relacionado con la enseñanza. El soborno y el fraude en la adquisición de productos farmacéuticos o de equipos médicos pueden reducir las tasas de supervivencia y limitar la capacidad de desarrollarse de los niños. La corrupción en las obras de infraestructura y entre la policía de tráfico pueden dar lugar a carreteras inseguras, con lo que se debilita el capital humano y se disminuye el acceso a las oportunidades».[13]

Agrega Anderson que «la definición habitual de la corrupción como “el abuso de los cargos públicos en beneficio privado” proyecta la imagen de una persona en solitario actuando incorrectamente. Sin embargo, en muchos casos, esas personas cuentan con la ayuda de banqueros, abogados y contadores, a veces en jurisdicciones extraterritoriales y centros financieros de economías avanzadas. ¿Y qué decir de la conducta de las empresas y los individuos? La iniciativa sobre hacer frente a los facilitadores destaca las medidas que se pueden tomar en las profesiones y los lugares en los que se permite la corrupción y en los que se aceptan normas sociales arraigadas que rodean tanto a los que pagan sobornos como a quienes los reciben».

Quisiera concluir con el buen augurio de que las movilizaciones sociales y políticas del Perú en contra del sistema corrupto, sean en favor de la ética y la moralidad, y no en contra del sistema democrático al que debe apelarse para restituir el orden constitucional.

[1] http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/16785/17099/

[2] https://www.transparency.org/es/press/fight-against-corruption-citizens-rights-must-be-protected-during-political-crisis-in-peru

[3] Ibídem

[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_proceso_de_vacancia_presidencial_contra_Mart%C3%ADn_Vizcarra

[5] https://gestion.pe/peru/politica/club-construccion-son-31-empresas-fiscalia-pide-informacion-266759-noticia/

[6] https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Sagasti

[7] https://www.france24.com/es/programas/historia/20201117-en-los-%C3%BAltimos-30-a%C3%B1os-per%C3%BA-contabiliza-6-presidentes-acusados-de-corrupci%C3%B3n

[8] Bobbio, Matteucci y Pasquino (1991). Diccionario de Política Volumen 2. Siglo Veintiuno Editores.

[9] https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-corrupcion-ha-evolucionado-y-lo-mismo-deberia-suceder-con-las-iniciativas-para-combatirla

[11] https://hayderecho.com/2018/03/24/la-falta-de-etica-publica-de-nuestros-gobernantes-causa-principal-de-la-corrupcion-politica/

[12] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7498943.pdf

[13] https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-corrupcion-ha-evolucionado-y-lo-mismo-deberia-suceder-con-las-iniciativas-para-combatirla

Pin It on Pinterest